Panamá: Hermana católica denuncia que una represa viola el derecho a la religión de los indígenas

Las palabras de López recuerdan a las de la investigación de 40 páginas de la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales (SECU, por sus siglas en inglés), un mecanismo de responsabilidad establecido para supervisar las actividades del PNUD. Aunque el PNUD no intervino directamente en la represa, sí que coordinó una serie de diálogos destinados a encontrar una solución a lo que para entonces ya era una batalla que llevaba diez años abierta contra ella.

La SECU descubrió que fue problemática la participación de la agencia de desarrollo en los diálogos de la mesa redonda, y en particular, en las mesas redondas de carácter técnico que se celebraron a continuación. El equipo pasó un año revisando los registros públicos y los informes de los medios de comunicación (incluidos los de GSR) y entrevistando a todas las partes implicadas, publicando finalmente sus conclusiones en agosto de 2018. La participación del PNUD fue especialmente problemática, según el informe, debido a las 'señales de alarma' que habían surgido en dos ocasiones anteriores en otras investigaciones de la ONU. 

Una investigación técnica del PNUD en 2013 descubrió grandes errores en el estudio de impacto ambiental. Un segundo estudio realizado por James Anaya, entonces relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, advirtió de irregularidades en el proceso y de que no se había consultado adecuadamente al pueblo Ngäbe. Anaya alertó que “las tierras del pueblo Ngäbe no deben quedar inundadas ni sufrir ningún tipo de daño sin el acuerdo previo de las autoridades representativas de ese pueblo”. Por autoridades representativas se entiende el Congreso Ngäbe-Buglé, que hasta la fecha no ha aprobado la represa.

Según el informe, la agencia no siguió sus propios protocolos en aspectos también problemáticos. Entre otras cuestiones, el representante panameño del PNUD no cumplió con los requisitos del organismo para aplicar los procedimientos de selección ambiental y social de la agencia. El uso de esos procedimientos seguramente habría revelado la probabilidad de que existieran “repercusiones negativas para la práctica de los derechos humanos”, riesgo de violencia y “repercusiones negativas para la cultura indígena, ya que, por ejemplo, era evidente que el diálogo podría conducir a un acuerdo que afectaría negativamente a los petroglifos y a otras muestras de la cultura de la comunidad afectada”.

El administrador del PNUD, Achim Steiner, hizo pública su decisión sobre el proyecto el 4 de febrero, al afirmar que la investigación de la SECU era una “fuente valiosa de información y aprendizaje sobre varias intervenciones de este proyecto y sobre cómo, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas”, podrían  “abordar intervenciones similares en el futuro”

Sin embargo, Steiner no mencionó la posibilidad de intervenir para rectificar la situación que afecta a los habitantes de Kiad, quienes, además de perder su sitio ceremonial, han perdido su principal fuente de agua y su medio de vida. Los huertos frutales, las plantaciones de café y cacao y sus cultivos de hierbas medicinales también quedaron inundados. Además, la empresa de la represa hidroeléctrica vació el río el año pasado durante su mantenimiento provocando una muerte masiva de peces y eliminando así la principal fuente de proteína de las comunidades.

Las repercusiones que afectan a la comunidad no son solo para los que viven allí, sino para toda la nación Ngäbe-Buglé. Los cementerios ancestrales ahora están bajo el agua y la represa “ha dañado de forma permanente el conjunto de petroglifos sagrados donde las comunidades de toda la comarca se reunían anualmente para rendir tributo al cacique Tabasará, que además eran un lugar de sanación”, escribió Goejet Miranda, presidente del movimiento M10 que representa a las comunidades afectadas, en la carta que el grupo envió a Steiner el 9 de enero mientras esperaban su respuesta al informe de la SECU. (El M10 hace referencia al Movimiento 10 de Abril).

Miranda hablaba del mítico líder guerrero venerado en sus tradiciones, cuyo nombre aún conserva lo que queda de su río Tabasará. “Este embalse está privando [al pueblo ngäbe-buglé] del ejercicio de su religiosidad ceremonial de una manera muy importante no solo para las comunidades afectadas sino para toda la nación Ngäbe Buglé", añadía la carta.

“En esta nación existe la libertad de culto y la empresa a través de su embalse, y el Gobierno, que lo ha permitido, han violado este derecho y la ley dañando los petroglifos sagrados, además de hacerlos inaccesibles a través de su embalse y las toneladas de sedimento que lo cubren. Esto constituye en sí mismo una violación imperdonable de los derechos humanos, así como un etnocidio en el que se mata a una cultura, se destruyen sus lugares sagrados y su cultura religiosa”, podía también leerse en la carta. (Los habitantes no recibieron una respuesta hasta el 13 de febrero de 2022).

Unas 100 personas asistieron este año a la ceremonia anual de homenaje al cacique Tabasará (una cantidad muy inferior a la que solía venir de todos los territorios ngäbe para la celebración) y los tres días de actos se vieron afectados por la falta de agua, explicó Weni Bagama, habitante de Kiad, líder del M10 y uno de los organizadores del evento.

“Se ha vuelto extremadamente difícil organizar eventos ahora debido a que nuestro manantial se está secando y ya no tenemos nuestro río”, afirmó Bagama, que sigue viajando a la Ciudad de Panamá para llamar a las puertas y buscar alternativas legales para apoyar su lucha.

En diciembre viajó con otros dos activistas indígenas a Washington D. C. buscando las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para continuar con una audiencia iniciada dos años atrás y un recurso cautelar que aún no han dado resultados. Encontró el expediente de su comunidad en el enorme laberinto de oficinas del edificio, así como a una persona familiarizada con el proceso que le aconsejó sobre los siguientes pasos que debía seguir para reactivar ese caso.

En cuanto a la preocupación específica por la libertad religiosa, López citó el artículo 11 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), que establece que “tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales”. La declaración añade: “Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres”.

López, que es panameña, reflexionó sobre el papel de la religión y la cultura en las comunidades indígenas a la hora de formar la memoria colectiva de un pueblo. “La expresión religiosa es solo uno de sus derechos como pueblo indígena, pero eso les hace vivir en medio de la lucha política por sus bienes naturales”, señaló y añadió: “Sometidos a lo político [en el caso específico de Barro Blanco, a un poder económico que somete y excluye] nuestro pueblo resiste gracias a su singularidad cultural, religiosa”.

De hecho, añadió, la religión y la cultura se han convertido en la base de las luchas indígenas para mantener sus territorios y formas de vida. “Esas luchas que son en realidad luchas culturales y religiosas, y al mismo tiempo expresiones de la vitalidad de sus culturas, son las que les permiten vivir este sistema que los excluye y margina”, afirmó López.